¿Derogación? Las trampas del lenguaje.

Ricardo García-Aranda 021221

No hay una ley laboral de Rajoy. Lo que existe en España es una norma laboral que nace en el Estatuto de los Trabajadores y que ha sido objeto de diversas reformas, entre ellas la de 2011, en la que el gobierno de Zapatero negoció la reducción de  las cantidades indemnizatorias del despido,  a cambio de introducir el contrato de Fomento del Empleo. Pero, sin negociar, en 2012 el gobierno de Rajoy impuso unas modificaciones que realmente han causado mucho daño a los trabajadores y a las trabajadoras de este País.

Por tanto, desde el punto de vista técnico, si hablamos de “derogación” lo que realmente estaríamos proponiendo es la desaparición de la normativa laboral, de toda. Porque, insisto, no se trataría de hacer desaparecer una Reforma, sino una Ley reformada.

La utilización del término “Derogar”, con una gran fuerza en el discurso político de los partidos socialdemócratas, crea ahora un conflicto de comprensión que confunde a la opinión pública. Creo que también a muchos políticos o simples militantes del PSOE y de UP. Y desde luego a muchos comentaristas de los medios, que prefieren lo superficial sin entrar en las esencias.

Acotemos el problema. La reforma laboral que se impuso durante el gobierno de Mariano Rajoy, desestructuró profundamente las relaciones laborales entre empresarios y trabajadores, contribuyendo, en gran medida al empobrecimiento de estos. Hay que fijar los puntos reformados que provocaron este desastre para la clase trabajadora. Quiero comentar aquí algunos de ellos:

1.- Contratación temporal.-

Siendo un problema que ya existía con anterioridad a esta reforma, esencialmente por incumplimiento de las normas y la falta de control de las inspecciones de trabajo, el gobierno del PP buscó la solución en la desaparición casi total de las limitaciones. La consecuencia es que ahora se pueden hacer contratos por días, por horas. De lunes a viernes…

Es necesario limitar, con un porcentaje sobre el total de la plantilla, la temporalidad en cada empresa y relacionar los contratos con causas objetivas reales. El contrato temporal no tendría que poder utilizarse para realizar un trabajo fijo, y si la producción es coyuntural, el contrato debiera tener, al menos, la duración de esa coyuntura.

2.-Ultraactividad de los Convenios.

Antes de que el Gobierno de Rajoy realizara su reforma, cuando un Convenio Colectivo vencía en su fecha, las condiciones laborales reflejadas en el mismo se mantenían hasta que fuesen modificadas en la negociación del nuevo Convenio: Jornada, salarios y pluses, protecciones, vacaciones, etc…

Tras esa reforma del 2012, este carácter ultraactivo desaparece, dejando a los trabajadores y las trabajadoras en la indefensión, y a sus representantes en la máxima debilidad ante la negociación. Por el contrario el empresariado cuenta con toda la fuerza del chantaje para poder perjudicar las condiciones del convenio anterior.

3.- Prioridad del Convenio Sectorial

La Reforma del Gobierno Conservador modificó también la preminencia de los ámbitos de negociación. Hasta ese momento un Convenio de Empresa podía mejorar, pero no empeorar las condiciones pactadas en la negociación de ámbito sectorial, estatal.

Con la reforma, se imponen, en todos los casos, lo pactado en el convenio de empresa. Esto, en un país de Pymes, con la dificultad de tener una adecuada representación laboral que pueda negociar, en condiciones de igualdad, con el empresario. La protección de los trabajadores y trabajadoras, en estas pequeñas empresas, necesita la vuelta a la preminencia de lo pactado a nivel sectorial.

Hay más cuestiones a revisar, como las causas de despido, la regulación adecuada de la utilización de subcontratas…

Son estas cuestiones concretas, y algunas más, las que hay que modificar en una nueva Reforma de una Ley Laboral que viene rigiendo las relaciones entre empresarios y trabajadores desde los albores de nuestro sistema democrático. Y yo estoy seguro de que, en estos términos no hay ninguna diferencia entre los dos partidos que conforman el Gobierno.

Otra cuestión es el debate sobre las limitaciones en los avances que se puedan ocasionar con el hecho de que todo tenga que ser pactado también con la Patronal. Dos consideraciones: Una, que la reforma del gobierno de Rajoy no tuvo en cuenta para nada las opiniones de los Sindicatos. Y dos, si ahora Sindicatos y Patronal pudieran llegar a un acuerdo sobre estas materias, problema resuelto. Los empresarios pueden “vender” mejor un acuerdo con su contraparte laboral que con el Gobierno.

O no?