¿Que está pasando aquí con la salud?
En Madrid, el Programa de Detección del Cáncer de Mama
(DEPRECAM) se paraliza durante siete meses por problemas burocráticos y 30.000
mujeres en edades de riesgo quedan expuestas a una enfermedad cuyo diagnóstico
precoz puede marcar perfectamente la distancia entre la vida o la muerte.
Y aquí no pasa nada.
El Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid D. Javier
Fernández-Lasquetty se descuelga diciendo algo así como que se trataba de unas
“dificultades administrativas”, un problema “sin importancia” que tenía que ver
con el retraso en la contratación con las empresas sanitarias privadas que se
tenían que ocupar de estas revisiones mamarias.
¿Dificultades administrativas?
¿Problema sin importancia? ¿Es que aquí no pasa nada?
Este hombre debiera estar inhabilitado simplemente por hacer
esas declaraciones.
No digo nada por no gestionar con carácter de urgencia un
servicio sustitutorio al de estas empresas con las que se tenían esas
“dificultades administrativas”.
Y políticamente... Estamos ante un Gobierno de la Comunidad
de Madrid que, protegiendo intereses
espúreos, se niega a gestionar lo
público y, al mismo tiempo, se demuestra incapaz de interactuar correctamente
con las empresas privadas a las que se les entrega la gestión.
Estas incapacidades ya han sido demostradas en otras
ocasiones, o si no que les pregunten a los profesionales de la enseñanza sobre
el lío que están montando en este comienzo de curso; pero que esta falta de
eficacia nos lleve a estos riesgos en la salud de estas ciudadanas es ya harina
de otro costal.
La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) mantiene que
las probabilidades de curación de este tipo de cánceres son prácticamente del
100% si se detectan a tiempo. Dando por supuesto que este dato es exacto, la
actitud de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid es sencillamente
CRIMINAL, y sinceramente pienso que debiera tener consecuencias jurídicas, bien
por demandas de las personas a las que se ha puesto en riesgo su salud, o bien
por intervención directa de la fiscalía.
Pero aquí parece que no pasa nada. ¿O si?
Veremos.
Ricardo Garanda Rojas
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