Ricardo Garanda Rojas (@rgarciaaranda)
¿Quién vigila al vigilante? Llevamos siglos
queriendo responder a ésta cuestión, y no sabemos hacerlo.
En condiciones normales de fiabilidad, esto ha
venido siendo un problema filosófico que podría llenar páginas y páginas de especulaciones
intelectuales. Pero no vivimos tiempos normales. Tampoco es nuevo, ha habido
otros momentos de la historia en los que “no eran tiempos normales”. Y no hemos
salido bien parados.
Resulta que NO nos fiamos de los vigilantes, y ese
recelo unido a la pregunta anterior nos crea cierta angustia social.
Que la jueza que ha sustituido a la magistrada
Mercedes Alaya nos diga ahora que algunas personas de las que fueron imputadas
y se les obligó a pagar fuertes fianzas ahora no solo no son culpables sino que
jurídicamente se las puede considerar como “víctimas” nos obliga necesariamente a replantearnos, una
vez más, muchas cosas.
Gonzalo Fuentes, sindicalista de CC.OO. ha vivido un verdadero calvario. ¿Quién le
devuelve la pérdida de credibilidad, la duda sobre su honestidad, las miradas
de reojo, no solo a él, también a su familia y a los compañeros y amigos que
hayan “osado” defenderle durante este tiempo? ¿Quién le devuelve a Gonzalo las horas no dormidas?.
Y como él, otros y otras. Es imposible reponer el
daño. Pero, aun siendo la magistrada Alaya la responsable directa de esta
tremenda injusticia, el resto de la humanidad ¿no asumimos nuestra
responsabilidad?
Es muy fácil, en cuanto un o una juez pone el ojo
encima de alguien, define públicamente sus sospechas de culpabilidad y le
impone cualquier tipo de fianza para que no escape, el resto de las gentes de
éste País tendemos a considerar que la persona imputada es un ser despreciable
que no merece ninguna de nuestras democráticas dudas sobre su culpabilidad. Ni
ella ni sus gentes más próximas. Sobre todo si son del equipo contrario.
A Gonzalo Fuentes y a otros muchos y otras muchas ¿
le ha jodido su vida sólo la jueza Alaya?. Si eso fuera así, parecería que los
demás hemos esperado a la resolución del juicio para valorar su culpabilidad y
la de la organización dónde milita. Pero esto no ha sido así y somos
conscientes de ello. De hecho, sin la
participación negativa de los grupos sociales y de las personas de forma
individual, Gonzalo no hubiese sufrido más que las consecuencias técnicas de
una acusación judicial. Resuelta ésta todo volvería a su ser, al punto vital en
el que se encontraba antes del grave error.
Y mucho me temo que en nuestro país hay miles de casos como los de Gonzalo. En la
mayoría puede que la culpabilidad se confirme, pero ¿y en las que no?
Lo de la magistrada Mercedes Alaya tiene todas las
trazas de haber sido un escándalo de superficialidad, prejuicios y valoraciones
injustas desde el principio, al menos eso nos ha ido pareciendo a muchos. Llegó
a atreverse a imputar a políticos por ejecutar decisiones aprobadas en el
parlamento autonómico, por mucho menos han retirado a jueces de sus causas
antes que a ella. Pero ha provocado una situación que nos tiene que obligar a
reflexionar sobre estas situaciones, nos guste o no, dependiendo de en qué
equipo juegue cada uno.
¿Vamos a hacerlo?. Ya veo.
En cualquier caso, cuándo con razón, como es el
caso, o sin ella, los ciudadanos y las ciudadanas no nos fiamos de quienes
tienen que administrar nuestro poder, es inevitable sentir la necesidad de
quererlo recuperar. Mi última pregunta
¿Tal y como nos comportamos, qué haríamos con él?
Esto tiene que cambiar.
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